Fruto de este posicionamiento contra la pena de muerte, que la Unión Europea comparte, es la creación en 2010, por iniciativa española, de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte con sede en Ginebra, y compuesta por una quincena de personalidades independientes procedentes de todas las regiones del mundo, cuyo valor añadido es la capacidad de interlocución que su dilatada experiencia internacional les aporta.
Junto a lo anterior, Madrid acogió del 12 al 15 de junio de 2013 el V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, un congreso organizado por la sociedad civil - la ONG francesa Ensemble contre la Peine de Mort- junto con la Coalición Mundial contra la pena de muerte, con el patrocinio de España, Francia, Suiza y Noruega, con el fin de movilizar a los gobiernos y a la opinión pública mundial a favor de la abolición universal.
La comunidad internacional tiende claramente hacia la abolición. Hace un siglo, sólo tres naciones eran abolicionistas: Costa Rica, San Marino y Venezuela. Durante 2012, no hubo ninguna ejecución en 174 de los 193 Estados miembros de la ONU.
Según Amnistía Internacional, mientras en 2012 fueron ejecutadas al menos 682 personas – en 2011 se registraron 680 ejecuciones- el número de personas condenadas a muerte disminuyó, pasando de 1.923 (en 63 países) en 2011 a 1.722 (en 58 países) en 2012.
Mientras se consigue el objetivo de la abolición, se trabaja en la obtención de una moratoria universal. España realiza, junto con el resto de los Estados miembros de la UE y otros Estados abolicionistas, una importante labor de persuasión para conseguir que las resoluciones que cada dos años se votan en la Asamblea General de NNUU (la más reciente, en diciembre de 2012) consigan cada vez un mayor apoyo de la comunidad internacional.
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