27 de septiembre, 2016 — Un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas condenó hoy el uso de una legislación en Ecuador para disolver la Unión Nacional de Educadores (UNE), la asociación de profesionales del sector con más peso en el país.
La UNE, fundada en 1950, fue disuelta tras la aplicación de un decreto Ejecutivo que regula el funcionamiento de las organizaciones sociales.
Según los expertos, esa normativa establece amplias restricciones a la libertad de expresión y asociación, lo que consideraron, permite a las autoridades disolver organizaciones en base a criterios ambiguos.
También expresaron profunda preocupación porque la legislación conferiría al Ejecutivo poderes para suprimir la voz de la sociedad civil en el país.
Llamaron al goce de la libertad de asociación reconocido por el derecho internacional y consagrado en el Pacto de Derechos Civiles y Político, ratificado por Ecuador en 1969.
A su vez, señalaron que privar a los educadores de uno de sus principales canales de expresión colectiva no sólo afecta la libertad de expresión, sino también el sistema educativo de Ecuador.
Los relatores que emitieron el comunicado son Maina Kiai, sobre el derecho de asociación; David Kaye, sobre la libertad de expresión; y Michel Forst, sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
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