El Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios estudia las lagunas legales en torno a las actividades de las empresas militares privadas y de seguridad.
Durante una rueda de prensa en Ginebra, el relator especializado en el tema, José Luis Gómez del Prado, dijo que el equipo de expertos quiere determinar las deficiencias legislativas que han permitido qué algunos miembros de esas compañías evadan cargos de asesinato.
Destacó que las leyes sobre mercenarios los definen de tal manera que excluyen a los empleados de estas compañías.
“En algunos casos, muy pocos, podemos decir que sí, que son mercenarios. Pero es sumamente difícil. Por ejemplo, en Iraq, incluso si Estados Unidos hubiese sido parte de la Convención sobre Mercenarios, por el hecho de que la definición dice que el mercenario tiene que ser de otro país, los ciudadanos estadounidenses no pueden ser tomados por mercenarios”, explicó Gómez del Prado.
Agregó que cualquier remedio legislativo tiene que ser aceptado a nivel nacional, regional e internacional, dado el carácter transnacional de esas empresas.
Destacó que las compañías militares privadas y de seguridad constituyen un gran negocio que maneja entre 20.000 y 100.000 millones de dólares por año, y tienen que ser reguladas.
Durante una rueda de prensa en Ginebra, el relator especializado en el tema, José Luis Gómez del Prado, dijo que el equipo de expertos quiere determinar las deficiencias legislativas que han permitido qué algunos miembros de esas compañías evadan cargos de asesinato.
Destacó que las leyes sobre mercenarios los definen de tal manera que excluyen a los empleados de estas compañías.
“En algunos casos, muy pocos, podemos decir que sí, que son mercenarios. Pero es sumamente difícil. Por ejemplo, en Iraq, incluso si Estados Unidos hubiese sido parte de la Convención sobre Mercenarios, por el hecho de que la definición dice que el mercenario tiene que ser de otro país, los ciudadanos estadounidenses no pueden ser tomados por mercenarios”, explicó Gómez del Prado.
Agregó que cualquier remedio legislativo tiene que ser aceptado a nivel nacional, regional e internacional, dado el carácter transnacional de esas empresas.
Destacó que las compañías militares privadas y de seguridad constituyen un gran negocio que maneja entre 20.000 y 100.000 millones de dólares por año, y tienen que ser reguladas.
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